En esta semana, varias notas sobre el tema del agua en Nuevo León, han ocupado espacios importantes en los medios locales. Los temas de estas notas han sido: uno, aspectos relacionados con la construcción de la nueva Presa Libertad; dos, el robo de agua por numerosas tomas ilegales; y tres, la desigualdad que se presenta en el acceso a los servicios entre la zona metropolitana de Monterrey y las comunidades rurales del estado. Esos tres temas reflejan las paradojas que implica la concentración de población urbana, una compleja problemática de abastecimiento de agua en el área metropolitana de Monterrey y el acceso a los servicios de agua por los habitantes de las zonas rurales del estado.
La Presa Libertad, forma parte de la expansión de infraestructura de abasto para asegurar agua en el corto plazo para la población del área metropolitana de Monterrey. Esta presa requiere un área de inundación de 2 mil 400 hectáreas en una zona entre Montemorelos y Linares. El costo de inversión estimado era de 3,200 mdp. Varias notas periodísticas, se han enfocado en los avances y costos de la presa. Una inquietud, es que sólo se han comprado 15% del área de afectación para el vaso de la presa. Aparentemente no es de mucha importancia si el área a inundar tiene habitantes, puesto que es una zona de “poca importancia económica”. Sin embargo, en los ejidos y rancherías como El Alto, Hacienda La Libertad, San Gerardo, Hacienda Cañas, Juan Grande, Hacienda la Purísima y El Coyote, se estima que al menos noventa familias necesitaran ser reubicadas. Un tema más discutido por los políticos, fueron los costos y el endeudamiento que la obra implica. En el Congreso del estado se aprobó el 25 de junio la adquisición de 2,500 millones de pesos de deuda para esa obra. La principal preocupación política fue asegurar que no se pague la deuda vía incremento de tarifas, aunque tampoco se dijo como sería pagada. La diferencia en tratamiento de los temas parece clara; el incremento de las tarifas es un asunto de muchos votantes, la reubicación de algunas rancherías y poblaciones es problema de unos cuantos sin importancia económica ni política.
Otra nota sobre agua que ocupó espacios periodísticos esta semana fue el robo del líquido por tomas irregulares. Según datos del organismo operador, más de 100 mil tomas de agua no pagan por estos servicios y el impacto se ilustra con una imagen muy efectiva; ese robo equivale al volumen de media Presa La Boca. Una propuesta para enfrentar el uso ilegal del agua consiste en cambiar el esquema de contratación de individual a una contratación del servicio a través de los desarrolladores de nueva vivienda; lo cual evitará el problema con viviendas nuevas. La propuesta política de algún diputado, para estar a tono con el discurso del gobierno actual, es una reforma “antihuachicoleo”, con sanciones y penas más duras. El problema de las tomas irregulares es un fenómeno añejo que se refleja en los indicadores de agua no contabilizada, esto es, el agua suministrada al sistema que por diversas razones no es posible facturar. En la coyuntura actual, si se requiere invertir en nuevas obras de infraestructura será necesario aumentar los ingresos y mejorar la facturación es necesario. Al menos una parte de los costos de la Presa Libertad debe ser cubierta con tarifas.
Según la información publicada en notas periodísticas, más de 20,000 habitantes en 800 comunidades rurales de seis municipios de Nuevo León no cuenta con agua potable. En esas comunidades se planea invertir 212 millones de pesos, menos de la décima parte de lo que se requiere para la Presa Libertad. La dispersión de esas comunidades es un impedimento para poderlas abastecer de servicios por los altos costos que esto implicaría.
Una paradoja en el abasto de agua para los habitantes de Nuevo León, consiste en que, aunque la decisión técnica parece muy clara, ésta puede contribuir a mantener las disparidades en el acceso entre la zona metropolitana y las comunidades rurales. En términos cuantitativos se puede concluir que abastecer agua para 750,000 habitantes urbanos con la Presa Libertad genera un mayor beneficio que invertir en 20,000 habitantes rurales. Sin embargo, como se especifica en el Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos 2019, la no discriminación e igualdad en acceso a agua y saneamiento implica reconocer las disparidades no sólo entre grupos con diferentes ingresos sino también entre poblaciones rurales y urbanas. Más allá de la factibilidad económica para crear infraestructura de agua potable y saneamiento en comunidades rurales de Nuevo León se plantea el reto de asegurar su derecho a agua segura para su salud y servicios sanitarios; por lo que debería pensarse en formas de abastecimiento alternativos, con la participación de las mismas comunidades, sus municipios y el apoyo y asesoría técnica de SADM. De otra manera el lema del informe de Naciones Unidas “No dejar a nadie atrás”, será solamente eso, un bonito lema.