Tijuana, B.C., miércoles 21 de abril del 2021.- Hector Cruz Aparicio, ha sido la voz de los bajacalifornianos para combatir delitos tan lastimosos como feminicidios, abuso sexual, corrupcion, la portacion de armas de fuego, entre otros delitos, impulsando leyes que brinden una verdadera seguridad, un sentido reclamo de los ciudadanos que viven con temor en Baja California.
Ha dedicado gran parte de su trabajo legislativo a impulsar reformas constitucionales que hagan que los delincuentes cumplan sus condenas; enfocándose principalmente en quienes han cometido feminicidios, abuso sexual, corrupción y otros delitos.
Ha trabajado para cubrir los huecos que el Nuevo Sistema de Justicia Penal abrió, para que los procesados obtengan su libertad, y aunque muchas de estas iniciativas fueron aprobadas en la Cámara de Diputados, reconoce que la impunidad no se acaba, pues son los mismos jueces quienes priorizan las leyes que benefician al procesado sobre la propia Constitución, la colusión de autoridades de seguridad pública con delincuentes y la falta de capacitación de las corporaciones policiacas.
El mismo Cruz Aparicio ha cuestionado, “¿Cómo le explicamos a la gente, a la mamá de la niña abusada sexualmente, a los chóferes de transporte de carga asaltados en la carretera, a quienes les roban su casa, que tenemos que esperar más tiempo a que la reforma madure?”, y agrega, “desde mi óptica como abogado, no hubiese estado de acuerdo con esta reforma que presenté, pero no tengo que hablar por mí, sino ver lo que está pasando en la ciudad, pues dejar libre a alguien que porta un arma de grueso calibre, lógicamente esa persona es alguien que busca dañar a la sociedad, que busca delinquir”.
Héctor Cruz llegó a la Cámara de Diputados en septiembre de 2018. Su experiencia como abogado litigante le permitió “estar en la línea de batalla y conocer cuáles son las lagunas legales que normalmente benefician a los procesados, les permiten sustraerse de la acción de la justicia o beneficiarse de la normatividad en materia penal”.
Su primera iniciativa fue precisamente una reforma constitucional y al Código Nacional de Procedimientos Penales, para que la prisión preventiva se aplicara de manera oficiosa a los acusados de abuso sexual a menores de edad, feminicidio, portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, robo de combustible, corrupción, entre otros delitos.
Otra propuesta que presentó fue una modificación a la Ley Nacional de Ejecución Penal para que a los procesados por feminicidio, violación y homicidio calificado y agravado no se les otorguen, bajo ningún motivo, los beneficios de libertad condicionada, libertad anticipada y sustitución de las penas.
De igual forma, impulsó que la extorsión sea sancionada como delito de la delincuencia organizada, y se considere agravante cuando las víctimas sean menores, adultos mayores y participen funcionarios públicos como ex miembros de las corporaciones policiacas.
También habló de una modificación en la legislación para que los delitos sexuales cometidos contra menores de edad, como el abuso sexual, pornografía infantil, turismo sexual, pederastia y trata de personas, no prescriban cuando la víctima cumpla 18 años, sino 30 años.
Cruz Aparicio considera que este conjunto de reformas responden a un “justo reclamo de sectores vulnerables, antes mucha gente se callaba que eran víctimas, el objetivo es dejar menos salidas legales para que no estén en libertad quienes más daño están cometiendo”.
Otra de las deficiencias que Héctor Cruz encuentra en la aplicación de las leyes penales es la falta de capacitación entre corporaciones, principalmente los policías municipales, en quienes recae la responsabilidad de los informes policiales homologados, formatos a los que no estaban acostumbrados y es común que cometan errores al llenarlos.