El XXIV Ayuntamiento de Tijuana que encabeza la alcaldesa Montserrat Caballero Ramírez, espera que las deportaciones desde México hacia el lugar de origen de migrantes retornados de Estados Unidos, sean apegadas a los Derechos Humanos ante el anuncio de autoridades de ambas fronteras para evitar cruces irregulares de migrantes y evitar que arriesguen sus vidas al contratar bandas de criminales o por tomar rutas peligrosas.
El titular de la Dirección Municipal de Atención al Migrante (DMAM), Enrique Lucero Vázquez, explicó que el mundo entero está enfrentando una crisis migratoria sin precedentes y por la posición geográfica en la que se encuentra Tijuana, es una de las rutas migratorias de mayor flujo de migrantes a nivel regional y global.
Indicó que estas medidas anunciadas por el gobierno federal tendrán impacto en el corto plazo, ya que la migración no cesará y es imposible evitarla.
Señaló que por tal razón, el gobierno de la República debe de pensar en una estrategia de largo plazo que incluya el incremento de más presupuesto a las instituciones encargadas de otorgar condición migratoria como la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) y el Instituto Nacional de Migración (INM), las cuales están totalmente rebasadas.
Esto, precisó Lucero Vázquez, permitiría acelerar los tiempos de espera a la respuesta de los solicitantes de asilo e incorporarse pronto al mercado laboral en este país.
También consideró necesario que las autoridades estadouniden ses incrementen las citas con mayor frecuencia para acortar los tiempos de espera y así menos solicitantes opten por ingresar a Estados Unidos por la vía irregular.
El funcionario mencionó que espera que estas acciones ayuden a concientizar a los migrantes a no seguir cruzando de manera irregular a Estados Unidos por rutas peligrosas que ponen en riegos sus vidas al contratar bandas de traficantes de personas.
Hace unos días,
funcionarios mexicanos se reunieron con personal de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP por sus siglas en inglés), donde acordaron “despresurizar” las ciudades del norte de México que limitan con El Paso, Eagle Pass y San Diego deportando inmigrantes a sus países de origen.
Estas medida, buscan evitar que se utilice el sistema ferroviario para llegar a la frontera con Estados Unidos por parte de migrantes que intentan cruzar hacia Estados Unidos de forma irregular.
