A través del traslado de más de tres mil personas privadas de la libertad, el reforzamiento de la coordinación con las fuerzas federales y la Fiscalía General del Estado, al incremento de un 300 por ciento en los decomisos de droga en los ingresos a los centros penitenciarios y medidas que garantizan el acceso al deporte, la salud y la cultura de las personas privadas de la libertad, en Baja California han mejorado sustancialmente las condiciones de la población penitenciaria, sostuvo la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda.
La gobernadora hizo hincapié en la certificación que recibieron los centros penitenciarios de Ensenada y El Hongo por parte de la Asociación de Correccionales de América, misma que implica que se cumple cabalmente con las medidas de higiene, seguridad, alimentación y salud.
“La transformación de los centros penitenciarios del país es clave en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública que encabeza nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. La Conferencia Nacional de Sistemas Penitenciarios, que orgullosamente celebramos, representa un sólido instrumento que ya está recuperando la gobernabilidad y la paz en las penitenciarías a lo largo y ancho de nuestra República”, expresó la mandataria estatal.
Marina del Pilar sostuvo que la Cuarta Transformación también representa la recuperación del auténtico sentido de la reinserción social a través de la eliminación de la corrupción y la impunidad, así como el respeto permanente a los derechos humanos de todas y de todos, y la impartición de una justicia con una verdadera perspectiva de género.
“Un tema fundamental en que hemos puesto especial énfasis en Baja California es el dignificar la labor de todo el personal penitenciario, garantizándoles el derecho a la jubilación y la seguridad social para sus familias”, enfatizó la gobernadora durante su mensaje.
En el mismo sentido, expresó que desde su llegada a la administración estatal el 1 de noviembre de 2021 se ha puesto especial atención a los expedientes de grupos en condición con vulnerabilidad como las personas adultas mayores, personas con discapacidad, madres de familia y personas de grupos indígenas que se encuentran privadas de la libertad, para que, si hay viabilidad jurídica, puedan acceder a la pre liberación.
También señaló que se han puesto en marcha una serie de actos como acciones masivas de higiene en todos los centros penitenciarios, el traslado de más de seis mil personas consideradas de alta peligrosidad, así como el incremento de un 300 por ciento en el decomiso de drogas que ya no ingresan a los penitenciarios y otros artículos prohibidos.
Lo anterior lo expresó durante la vigésimo séptima edición de la Asamblea de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, que eligió a la entidad como su sede. En el evento, representantes de los sistemas penitenciarios de las 32 entidades federativas y el Gobierno de México respaldaron el trabajo impulsado por la titular del Poder Ejecutivo del Estado y por el Sistema Estatal Penitenciario, que encabeza María Elena Andrade Ramírez.
En ese sentido, el presidente de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, Antonio Hazael Ruiz Ortega, subrayó el valor que tiene la coordinación entre instituciones estatales y federales para cooperar hacia objetivos comunes tan loables como la paz y la tranquilidad de las personas al interior de los centros penitenciarios, y reafirmó su voluntad de compartir información y experiencias para aumentar las capacidades institucionales.
Mientras que, Andrade Ramírez resaltó los programas productivos al interior de los centros penitenciarios, el acercamiento con las artes, el deporte, la vigilancia permanente de la gobernabilidad al interior y las labores que se han ejecutado para eliminar el hacinamiento y procurar que las medidas de higiene sean una constante al interior de las instalaciones.