“Nos preocupa mucho como barra de abogados, ya que uno de nuestros objetivos es cuidar la legalidad de los actos de gobierno, por eso vemos con mucha preocupación este tipo de actos que atentan contra el estado de derecho”, así lo expresó Leonardo Abarca Jiménez, presidente de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados AC, Capítulo Baja California (BMA).
Lo anterior en respuesta al decreto publicado esta misma semana en el Diario Oficial de la Federación (DOF), por el Ejecutivo Federal, en donde declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México.
“Aparentemente puede ser algo inofensivo y que en principio parecen ser facultades del Ejecutivo, sin embargo no lo es, un acuerdo no puede estar por encima de la Constitución y leyes federales, dicho Decreto está atentando contra la división de poderes y está invadiendo las facultades del Congreso para legislar” explicó.
Aclaró que al considerarse obras de seguridad nacional lo que sucederá es que va a ser información que estará reservada, lo cual le da una gran discrecionalidad para efecto de otorgamiento de contratos y lo relativo a los costos y presupuestos.
Informó que el problema es tan serio que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) informó que presentará una controversia, precisamente porque no está de acuerdo con que esa información sea considerada como de seguridad nacional y que por ende pueda ser reservada.
“El INAI tiene 30 días hábiles para presentar esta controversia, sin embargó ya se hizo un pronunciamiento de su parte informando que ya se está preparando la controversia”
El experto agregó que otra de las implicaciones que llegan con el decreto, es que no proceda el otorgamiento de una suspensión dentro de un juicio de amparo, esto debido a que la Ley de Amparo establece que para que pueda otorgarse una suspensión no se debe existir perjuicio al interés social ni al orden público, es decir, lo que abiertamente evidencia que están buscando un blindaje para efecto de que las suspensiones no puedan detener sus obras.
El acuerdo dice textualmente “Se instruye a las dependencias y entidades de la administración pública federal, a otorgar la autorización provisional a la presentación y obtención de los dictámenes, permisos y licencias necesarias para iniciar los proyectos u obras a que se refiere el artículo anterior, que son las obras de infraestructura que él Ejecutivo federal les llama prioritarias en su gobierno.
“Está instruyendo a las dependencia que otorguen todos los permisos y licencias que sean necesarias, prácticamente al sin hacer los dictámenes técnicos, es evidente que se busca que pasen tal cual, es muy característico de esta administración y esto va propiciar a que no haya transparencia sobre estas obras”, aseguró el jurista.
Agregó que los alcances negativos de este decreto son varios, por un lado atenta contra la división de poderes, la jerarquía normativa, la competencia económica y la transparencia en el gasto público.
“El impacto ambiental que puede tener una obra como el tren maya o como dos bocas es muy alto y con este acuerdo el Ejecutivo federal está pidiendo y prácticamente obligando a las dependencias que no apliquen las leyes correspondientes y que emitir la autorización provisional, lo cual es ilegal y autoritario”, concluyó Abarca Jiménez.