El 25 de junio del 2021, la Secretaría de Gobernación a través de CONAVIM, emitió una Declaratoria de Alerta de Violencia de Género en contra las Mujeres en el estado de Baja California. Se dirigió a dicho Estado en general, y en particular a los municipìos de Ensenada, Mexicali, Playas de Rosarito, San Quintín, Tecate y Tijuana.
Se establecieron 39 medidas a cargo del gobierno estatal, por conducto de los tres poderes, así como de los municipios y la asignación de recursos presupuestales, humanos y materiales necesarios para garantizarlas.
El primer reporte de seguimiento realizado en abril del 2022, por el Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario – encargado del seguimiento y evaluación de las acciones realizadas para atender la implementación de las medidas establecidas- encontramos que, si bien se han realizado algunos esfuerzos, estos han sido aislados, ya que solo el municipio de San Quintín, hizo el informe de cumplimiento de las medidas implementadas para dar cumplimiento.
En el informe se advierte que, en general, aún falta atender el 61% de las medidas. En efecto, de las 39 medidas determinadas, 24 de ellas no contaron con acciones reportadas; 15 de las medidas reportadas con acciones no cuentan con evidencias que garanticen su verdadera implementación, aunado a diversos casos en que las acciones reportadas no están relacionadas con la medida correspondiente. Es un tema de enorme preocupación.
Nos alerta especialmente que no se haya hecho la implementación y vinculación del Banco Estatal de Datos de Violencia contra las Mujeres, indispensable para enfocar debidamente las políticas públicas. Asimismo, la carencia de acciones para la atención prioritaria de los hijos de las víctimas y la coordinación de las autoridades en la aplicación del Protocolo Alva y la Alerta Amber para la búsqueda inmediata de mujeres y niñas desaparecidas.
Lo anterior impacta a la población en Baja California por la ausencia de acciones para garantizar la vida y seguridad de las mujeres en la región al no implementar ni garantizar las medidas de prevención, seguridad, justicia y reparación del daño comprometidas; el estado constitucional de derecho requiere en forma ineludible que las instituciones, instrumentos y figuras jurídicas reconocidos por la ley sean implementadas para los motivos, fines y objetivos para los que fueron creados.
Exhortamos a la titular del Ejecutivo Estatal Lic. Marina del Pilar Avila Olmeda, para que, en el ejercicio de sus facultades legales, dé continuidad a la implementación y seguimiento puntual y preciso de la Declaratoria para garantizar la seguridad de las mujeres en todo el territorio del estado de Baja California; por ello hacemos un llamado a unir esfuerzos y buscar soluciones conjuntas.