En estos últimos meses, se ha escuchado la inconformidad de varios gobernantes en relación con el pacto fiscal, al grado de declarar que el pacto debe ser revisado puesto que estos gobernantes consideran que sus estados son de los que más recursos generan y aportan a la federación y no son retribuidos de la misma manera, y que esto deja a los estados con poca autonomía fiscal, alta dependencia de las transferencias federales y baja recaudación, declaró Pablo Cesar Castañeda.
El socio de impuestos de la firma Caza Consultores, señaló que el actual pacto fiscal que rige en nuestro país en términos presupuestarios se regula mediante la Ley de Coordinación Fiscal, que fue promulgada desde 1978, con la finalidad de coordinar el sistema fiscal de la Federación con los estados y municipios para establecer la participación que corresponda a sus haciendas públicas en los ingresos federales, distribuir entre ellos dichas participaciones, fijar reglas de colaboración administrativa entre las diversas autoridades fiscales; constituir los organismos en materia de coordinación fiscal, y dar las bases de su organización y funcionamiento.
Explicó que de manera resumida sin entrar a los detalles y formulas complejas que se presentan en la Ley, el Pacto Fiscal es el acuerdo entre los estados y la Federación para unificar algunas atribuciones y mantener otras autónomas.
“En la actualidad, todos los estados se encuentran adheridos al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, lo cual ha hecho que los ingresos fiscales generados en el país, sean controlados por la Federación, lo cual es un indicador del grado de dependencia financiera de los estados y de los municipios en relación con la Federación.
Los Estados reciben dos grandes apoyos, el primero de ellos son las participaciones federales (Ramo 28), que tienen un carácter resarcitorio de asignar recursos en atención a la actividad económica y de recaudación de cada estado y buscan generar incentivos para el crecimiento económico y esfuerzo recaudatorio de las entidades, pueden ser gastados discrecionalmente por los estados, es decir, no tienen un destino específico, algunos de los Fondos que la integran son, el Fondo General de Participación, Fondo de Fomento Municipal, Fondo de Fiscalización, entre otros.
El segundo son las aportaciones federales (Ramo 33), que tienen un carácter compensatorio de asignar recursos a los estados en proporción directa a los rezagos y necesidades que tienen en materia de salud, educación, infraestructura y desarrollo social. A diferencia de las participaciones, estos están condicionados, deben ejercerse por los estados conforme disponga la Ley de Coordinación Fiscal, algunos de los fondos que lo conforman Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social”, expresó.
Indicó que son varias las problemáticas del pacto fiscal, para algunos estados las aportaciones representan el 50% del ingreso, como lo son Guerrero, Chiapas, Oaxaca, y que esto sin duda crea el panorama de poca autonomía fiscal y gran dependencia, pero también la formula para la distribución termina dando mas dinero a los estados mas pobres.
Pablo César Castañeda, agregó que el Fondo General de Participaciones representa el 70% del total de participaciones federales, algunos de los criterios que se utilizan para distribuirlo son el PIB y la población de la entidad, esto ocasiona que se den ejemplos como los de Nuevo Leon que tienen una participación en el PIB del 7.6% pero de las participaciones federales reciben el 4.5%, si se compara con un Estado que tiene poca participación en el PIB, como seria Morelos con el 1.1%, recibe de participaciones 1.46%, recibe más de lo que aporta, o en nuestro caso, Baja California que tiene una participación en el PIB del 3.4%, recibe 2.88%.
Inclusive la propia OCDE, añadió, recomendó a México considerar una revisión a la ley de coordinación fiscal para otorgar más independencia a los gobiernos estatales.
Consideró que salirse del pacto fiscal seria un daño a las finanzas del país la salida de estados del pacto fiscal, ya que tan solo 4 estados aportan el 40% del PIB nominal.
Lo que si se debe hacer, opinó, es revisar y actualizar la Ley de Coordinación Fiscal, que tiene poco más de 40 años y el resultado al que se ha llegado es a una centralización de recursos excesiva de la federación que acota y controla a las entidades federativas, puesto que todas dependen en su mayoría de los recursos que el gobierno federal les suministra.
Por último declaró que a este panorama se le debe sumar los efectos negativos del COVID 19 en las finanzas públicas de las economías estatales.